Queremos votar, pero con las garantías de información y de libertad de expresión que en estos momentos no se dan
Por fin Artur Mas ha dicho en voz
alta aquello que la retórica no podía ya esconder: no habrá consulta el 9-N y
nunca ha existido un plan b con credibilidad democrática para sustituirlo. Para
quienes desde los ayuntamientos hemos defendido el derecho a decidir desde una
sensibilidad federal nos parece lamentable que la pluralidad del mundo local, tranquilo
reflejo de la pluralidad de la sociedad catalana, sea, una y otra vez, la
víctima propiciatoria del laberinto jurídico político de la no consulta del
9-N.
La
práctica unanimidad a favor de una consulta no debería haber ocultado la
diversidad de matices de las diferentes mociones aprobadas en los
ayuntamientos. Una diversidad a favor del derecho a decidir que fue ahogada en
el acto institucional de los alcaldes en el Palau de la Generalitat por los
gritos a favor de la independencia. Una vez más se nos convocó a defender la
consulta, no para resaltar la pluralidad sino para sumarnos como figurantes
silenciosos a la aclamación entusiasta de la independencia.
El anuncio
del president Mas
y su pretensión de sumar complicidades de ayuntamientos y gente voluntaria para
un sucedáneo de consulta supone una interesada perversión del derecho a decidir
y un triste y chapucero epílogo a un proceso que se pretendía
internacionalmente ejemplar. Unos y otros sabemos que ya es totalmente
imposible que se cumplan las mínimas garantías democráticas para una consulta
homologable en el fondo y en la forma, una consulta donde toda la ciudadanía se
sienta llamada a votar. La suspensión certifica que el Gobierno catalán nunca
ha tomado la consulta en serio porque nunca se ha sabido ni cómo ni dónde se
votaría, ni la imparcialidad del control de datos y resultados, por no hablar
de la imposibilidad del debate plural de opciones ni de la clamorosa
parcialidad de los medios de comunicación públicos.
La
dificultad del itinerario del derecho a decidir, que siempre ha sido evidente,
no puede ser ahora pretexto para buscar atajos que prescindan de la voluntad
mayoritaria y democrática de los hombres y mujeres de Cataluña. Queremos votar,
pero con las garantías de información y de libertad de expresión que no se dan,
como ha evidenciado el vendaval de intolerancia que desencadenó la coherente
dimisión de un miembro de la Comisión de Control, por limitarse a decir en
público lo que se comenta en privado. Dijo en voz alta una verdad incómoda para
el secretismo de los supuestos rumores, las supuestas astucias y las supuestas cartas
bajo la manga, pero sin luz ni taquígrafos. Los hechos le han dado la razón.
Lo
dramático es que tras la surrealista propuesta de votar sin censos, sin
interventores, sin control, el derecho a decidir, en palabras de nuestro
President, deja de ser un noble y democrático objetivo para devaluarse en un
referéndum en broma con un nada unitario objetivo: abrir el camino a unas
elecciones donde se presenten juntas CiU y ERC. Se descubre así la hoja de ruta
secreta de Artur Mas: transformar la Via Catalana y la gran V en la mayor y más
masiva campaña preelectoral de la historia a favor del president. La consulta definitiva después de
tanta épica se disfraza de una nada heroica convocatoria electoral autonómica
donde el gran desafío real ya no será un nou país sino un nou
govern con mayoría
absoluta.
Estamos
donde estábamos. En este largo camino que comenzó con la manifestación contra
la sentencia del Estatut se ha multiplicado la agitación pero ahora volvemos a
la casilla de salida; cargados, eso sí, de experiencias y movilización popular.
La agitación política sin movimiento, sin avances palpables, puede durar un
año, puede durar tres, pero no puede durar siempre. Necesitamos movernos y
avanzar.
Nosotros,
concejales de ICV dentro de la coalición ICV-EUiA, seguimos apostando
claramente desde nuestros municipios por el derecho a decidir, pero creemos que
ha llegado el momento de abandonar definitivamente el escenario de la sorda
batalla de CiU y ERC y su concurso de gestos para arrimar el ascua a su sardina
electoral. Tenemos la responsabilidad de encarar, junto a otras fuerzas de la
izquierda catalana y de la izquierda española, la tarea de aprobar una
asignatura pendiente: ser capaces de definir y consensuar un nuevo modelo de
Estado que desde el federalismo plurinacional sea capaz de dar una salida
creíble al encaje de Cataluña en España.
Esta es,
sin duda, una tarea ardua para la que habrá que sumar más complicidades
sociales y políticas. ICV puede aportar sus valores, su presente y la tradición
unitaria que la acompaña desde la fundación del PSUC para ensanchar el
territorio histórico de la izquierda con la confluencia con personas y fuerzas
que reclaman también profundas transformaciones políticas y sociales.
José Luis
Atienza es concejal
de Viladecans. Firman también este artículo los concejales Aureli Calvo, de
Sabadell, Gregorio Camacho, de Sant Adriá, Rafael Duarte, de El Prat, Arnau
Funes, de Cornellà, Joaquim Mestre, de Barcelona y Olimpia Sánchez, de
Esparreguera, todos de ICV-EUiA
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